El jueves 13 de Mayo, un vehículo del Sebin (antes Disip) llevaba al Dr. Oswaldo Álvarez Paz a las puertas de la libertad condicionada de la que ahora “disfruta”, status en el que permanecen cientos de ciudadanos a los cuales se les somete a la persecución penal. Se les amedrenta y se les otorga ¨la gracia” de ser juzgados en libertad pero con restricciones de sus derechos ciudadanos que no siempre logran el objetivo por el cual fueron perseguidos.
Y es que la zozobra que pudiera haber causado a la opinión pública esta encarcelación, así como la de Richard Blanco, José Dacre o la de Julio Rivas en sus momentos, produce en muchas personas una sensación de alegría cuando son excarcelados bajo la tan nombrada “medida sustitutiva de la privativa de la libertad”, cuando para comenzar nunca han debido ser detenidos, mucho menos encarcelados. Así lo determinan los principios de igualdad ante la ley y de presunción de la inocencia que consagra nuestro ordenamiento jurídico.
Ni Oswaldo Álvarez Paz, ni Julio Rivas, ni José Dacre, ni Richard Blanco debieron estar un solo día tras las rejas. El abuso de poder, la utilización del sistema judicial para la persecución penal del disidente hoy proclama que ya no hay un poder judicial independiente e imparcial, sino por el contrario un órgano del estado dedicado a perseguir al “enemigo”, criminalizando en la mayoría de los casos su actuación. Los “delitos” son opinar, protestar, escribir o simplemente hacer su trabajo de forma correcta, muchas veces sin el menor sesgo político. El objetivo es silenciar a quien no se somete, sacándolo de la palestra pública a como de lugar.
Ejemplos abundan. Los casos de María Lourdes Afiuni, José Sánchez, Leocenis García, Delfín Gómez Parra, le dicen todos los días al mundo cuan perverso es nuestro sistema judicial. Detenciones arbitrarias, violaciones descaradas al debido proceso, dos de ellos con el tiempo vencido estipulado en la Ley para estar preso sin juicio, y decenas de audiencias diferidas para alargar la agonía. Son parte del envilecimiento existente en la aplicación de la justicia penal cuando se trata de anular al disidente o “enemigo”.
Otros, como Silvio Mérida, Otto Gebauer y el Gral. Felipe Rodríguez deberían estar gozando del beneficio de régimen abierto por cumplimiento de pena, pero por distintos artilugios de la justicia bolivariana siguen presos. El mismo jueves 13 de Mayo también salió en libertad Raúl Díaz, quien ya tenía desde hace rato vencido su cumplimiento de la pena.
A veces no nos damos cuenta que aceptando migajas en este mar de arbitrariedades, nos hacemos cómplices de dichas violaciones, por costumbre, conformismo, desespero, flojera, o miedo. Culpables son todos los que por acción u omisión permiten la persecución contra ciudadanos. Jueces y fiscales tendrán algún día que dar la cara, así como todos los funcionarios públicos y comunicadores sociales que se dedican a condenar, injuriar y difamar a compatriotas con el único fin de descreditarlos para convertirlos en blancos de odio y persecución.
¿Justicia? ¿Cual justicia? No se engañe, estimado lector. ¿Quién le devuelve a éstos ciudadanos injustamente encarcelados los días que estuvieron o han estado privados de libertad? Mírese en ése espejo. Aquí lo que sucede es que el régimen estira y encoge la cuerda a conveniencia. Todo depende de la comezón que le cause la actuación de cualquier actividad ciudadana que lo desenmascare y le recuerde lo inepto, corrupto y arbitrario que es. Al final todos vivimos en libertad condicional.
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