La Ley de la Actividad Aseguradora, sometida actualmente a segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN), obligará a las empresas del ramo y de la medicina prepagada a ofrecer y suscribir contratos de seguros y planes de servicios de salud que amparen a las poblaciones más vulnerables.
Así lo destacó el vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Simón Escalona, en el programa Despertó Venezuela, transmitido este miércoles por Venezolana de Televisión (VTV).
Explicó que esas compañías tendrán que diseñar paquetes destinados a los jubilados, pensionados, adultos mayores; personas con discapacidad, con enfermedades físicas o mentales, y a quienes tengan ingresos mensuales que no superen las 25 unidades tributarias.
Estos planes deben estar destinados a proteger a dichas poblaciones vulnerables de riesgos, garantizar servicios odontológicos y funerarios y cobertura de accidentes personales.
Asimismo, anunció que la propia Ley establece sanciones pecuniarias y penales, para quienes incumplan esta normativa.
El martes 18 de mayo, la plenaria de la AN aprobó en segunda discusión 40 de los 184 artículos que conforman este proyecto legal.
Entre los postulados que avalaron los asambleístas está la prohibición de que las clínicas esperen las claves de emergencia que dan las empresas de seguros como autorización para atender a un paciente.
Apuntó que dicha clave es “inhumana, discriminatoria e inconstitucional”, y que va en contra de la propia actividad de seguros y de la ética médica.
Los mecanismos para esta prohibición la desarrollará, a través de providencias, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la AN destacó que el Parlamento se propone con esta ley adecuar a los tiempos actuales un instrumento legal que data de 1995, para garantizar servicios con equidad.
Dijo que recibieron muchas quejas sobre las empresas de seguros, porque no quieren cubrir riesgos ni ciertos siniestros, “hay también una especulación allí”.
“Estamos tratando de regular el mercado a través de la fortaleza del Estado en la fiscalización, control y seguimiento sobre las actividades aseguradoras”, acotó Escalona.
Agregó que éstas “comprenden empresas de seguros, reaseguros, sociedades de corretajes, promotores, peritos, medicina prepagada y cooperativas de seguros, con las empresas financiadoras de primas”.
La ley también aumenta el aporte que deben hacer las sociedades de corretaje a la Superintendencia, con el fin de dotarla de tecnología de punta y aumentar así su poder de fiscalización.
Comentó que establecen desde la AN unos criterios para que las primas de seguros no sigan aumentando sin ningún control, como sucede actualmente.
Escalona indicó que actualmente el margen de utilidad de estas empresas sobrepasa 60%.
La idea es que no supere 40%, lo que será un nivel sustentable para las compañías, que les permitirá cubrir todos los riesgos de los asegurados.
El diputado señaló que buscan equidad dentro del mercado asegurador, evitando la cartelización a través de la eliminación de grupos económicos que buscan monopolizar el sector.
También las disposiciones transitorias de la ley establecen cinco años para las migraciones de los seguros de empleados públicos a Bolivariana de Seguros, empresa del Estado.
Apuntó que el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) deben estar atentos a la actuación de las clínicas privadas.
“Hay un alto componente especulativo. Le meten la mano en el bolsillo al tomador de seguro para destrozar su póliza y dejarlo desamparado. Ese no debe ser el objetivo”, añadió.
El diputado resaltó que el país se dirige al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, que brinda atención gratuita a todos los venezolanos.
Con información de ABN
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