Caracas, 14 jul (EFE).- La solución a la crisis de la cárcel de El Rodeo II tras un prolongado cerco ha puesto la crónica crisis penitenciaria del país a la cabeza de la lista de tareas urgentes que debe acometer el Gobierno de Hugo Chávez, según reconocen el Ejecutivo y organizaciones relacionadas con el ámbito penitenciario.
Según analistas consultados por Efe, la situación de El Rodeo demostró la ineficacia de los planes gubernamentales y la necesidad de un cambio de rumbo hacia un modelo que resuelva el hacinamiento, la corrupción y delitos como el tráfico de drogas y armas, mientras que desde el Gobierno se reconoce la necesidad de hacer autocrítica.
El Gobierno cerró ayer tras casi un mes una crisis que comenzó el 12 de junio con el asesinato de 22 personas en una reyerta en la prisión de El Rodeo I, y que continuó con la toma por parte de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional de esa cárcel y de la cercana El Rodeo II.
Los presos de esta última penitenciaría resistieron durante 26 días un cerco militar que se resolvió con un balance oficial de dos policías y un efectivo muertos, unos diez reos fallecidos en ajustes de cuentas internos, un intento de fuga y problemas médicos durante el sitio policial, según el Gobierno.
“Lo de El Rodeo es simplemente una alerta de lo que puede estar pasando en cualquier momento en cualquiera de las 33 cárceles restantes del país, esto no se ha terminado aún, aquí no hay ganadores, este problema sigue igualito como estaba hace un mes”, dijo el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto.
Secuestros de funcionarios por parte de presos en dos prisiones, protestas radicales como huelgas de sangre o automutilaciones de los internos se han sucedido este año con reiterados reclamos de mejora de las condiciones de los presos.
Asociaciones no gubernamentales y el Gobierno coinciden en que la situación carcelaria del país es insostenible y, de hecho, el mismo presidente Chávez pidió ayer asumir con “gran autocrítica” la superación de la crisis de El Rodeo.
En esta línea, el ministro del Interior, Tareck el Aissami, admitió hoy que funcionarios de su ministerio y de la Guardia Nacional son responsables de la entrada de armas de fuego en los penales y dijo que hay que combatir con “firmeza” los “vicios” que allí se han instalado.
El Gobierno venezolano lanzó en 2006 un plan de mil millones de dólares para “humanizar” las cárceles del país; impulsó un nuevo código penitenciario en la Asamblea Nacional este mismo año y creó hace unos días un ministerio para la atención exclusiva del sistema penitenciario.
El Aissami ha subrayado en distintas ocasiones los esfuerzos gubernamentales para transformar las cárceles pero, ha admitido, no han sido suficientes “ante el drama, la necesidad y la complejidad” de los problemas del sistema.
“El Estado ha demostrado que atiende las emergencias y no impulsa una política de ir hacia lo estructural y, para nosotros, no hay una voluntad política de cambiar la situación”, dijo a Efe el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
Para el responsable del OVP, el Gobierno debería cumplir con la descentralización de las cárceles previsto en la Constitución y que permitiría, a su entender, que los centros pudieran gestionarse de una forma más eficiente.
Nieto añade, además, que el ocio de los reclusos por la falta de programas, sumado a la corrupción funcionarial en el tráfico de armas son otras de las causas del problema, cuya solución pasaría también por la incorporación de personal capacitado.
El activista lamentó en ese sentido que más de 1.000 graduados del Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios del país, una academia pionera en la región, no estén incluidos en la estructura del sistema carcelario.
Según el OVP, en 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las cárceles del país, que tienen una población reclusa oficial de 44.520 presos (46.888 según el OVP) y una capacidad para poco más de 14.500.
Además, según datos de esta misma organización, sólo el 28 por ciento de los presos cumplen condena firme siendo el retardo procesal uno de los problemas más graves del sistema.
“Ojalá que El Rodeo sea un llamado para que el Gobierno haga una autoreflexión de que no hay política de humanización en las cárceles”, apuntó Prado. EFE
Fuente: Noticiero Digital
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