Las afirmaciones del ex candidato presidencial y ex gobernador opositor Oswaldo Alvarez Paz, de que Venezuela es un paraíso para el narcotráfico y el terrorismo, están soportados en numerosos documentos de organismos y entidades internacionales, principalmente de agencias del gobierno de Estados Unidos, pero también del propio gobierno venezolano.
Alvarez Paz recibió una condena por parte de un tribunal venezolano de 2 años de prisión por afirmar y describir los nexos narcoterroristas del gobierno chavista durante un programa en el canal Globovisión, el pasado 8 de marzo de 2010.
Específicamente, el dirigente opositor aseguró que los vínculos del gobierno venezolano con carteles del narcotráfico internacional, y con grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización vasca ETA, estaban causando preocupación internacional.
El portal venezuelafactual.org recopiló los documentos que comprueban las afirmaciones de Alvarez Paz.
En una carta con fecha 25 de Mayo de 2010 enviada a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, un grupo de 12 senadores norteamericanos mostró preocupaciones por las evidencias que muestran una relación estrecha entre el gobierno de Hugo Chávez y grupos terroristas como las FARC y Hezbollah, y pidió una investigación profunda sobre estos vínculos.
La resolución del llamado Caucus Hispano del Legisladores Estatales, en la reunión anual del 21 de Noviembre de 2009 en Santa Mónica, California, aprobó solicitar al congreso norteamericano investigar los vínculos del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, con grupos extremistas y movimientos armados en América Latina, y también las actividades del consulado de Venezuela en Puerto Rico. La razón de la resolución se basa en que el despacho de Maduro estaría facilitando la emisión de documentos de identidad a potenciales terroristas que buscan ingresar a Estados Unidos. El documento advierte de los lazos de Hugo Chávez con el fallecido guerrillero colombiano Raúl Reyes, con Fidel Castro, con Iraq y Corea del Norte.
La resolución 872 fue introducida en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense el 27 de octubre de 2009, por el representante Connie Mack por la Florida, para designar a Venezuela como un estado patrocinante del terrorismo por su apoyo a Irán, Hizbolá, y las FARC de Colombia. La resolución criticó el suministro de armas por parte del gobierno de Hugo Chávez a la guerrlla colombiana, y los planes nucleares de Chávez con el gobierno de Irán. Citó los documentos encontrados en la computadora del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, indicando que la evidencia sugiere pagos de hasta $300 millones por parte de Venezuela a las FARC, y los esfuerzos de las FARC para obtener 50 kilogramos de uranio. La resolución no fue aprobada pero el congresista Mack aseguró que tenía las pruebas en su poder.
El 12 de septiembre de 2008 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a tres altos oficiales y funcionarios del gobierno venezolano como “significativos narcotraficantes”, de acuerdo a la ley Kinpin que ordena el congelamiento y la persecusión judicial de personas que cooperan con el narcoterrorismo.
En una misiva el 22 de enero de 2008, la secretaria privada del presidente Hugo Chávez envió un mensaje de felicitación en nombre del mandatario dirigido a Abdala Makled, presidente de la fundación Makled y hermano del capo Walid Makled. “El Señor Presidente le agradece el trabajo individual y colectivo desplegado en esa comunidad valenciana, revelador de su lealtad por un proceso político que busca consolidar caminos para una verdadera justicia social”, indicó el mensaje suscrito por María Eugenia Castro Egui, en nombre del presidente Chávez. La carta fue enviada diez meses antes de que los organismos policiales venezolanos ordenaran la captura de Makled, acusándolo de cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero, conspiración para delinquir y homicidio de tres personas, entre ellas el periodista Orel Sambrano y el narcotraficante Wilber Varela, alias Jabón, por lo menos desde el 2005, tres años antes de la fecha de envío de la carta presidencial.
En una declaración jurada presentada ante un tribunal federal en Miami el 9 de Septiembre de 2009, la agente especial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Yvonne Schon, detalla que en julio de 2006, la oficina de la DEA en Caracas recibió información de que Walid Makled García, “se involucró en la compra de 7 toneladas de cocaína que fueron robadas a traficantes de drogas por varios oficiales de la policía y militares venezolanos”. Schon también relató otro episodio en el que participó el jefe de la division antidrogas del CICPC (PTJ): “Hace aproximadamente un año y medio (marzo, 2007), el jefe de la División Anti-Narcóticos de la PTJ (ahora CIPC) Jesús Alfredo Itriago supo que un embarque de cocaína estaba por salir del aeropuerto de Valencia. Itriago envió funcionarios al aeropuerto y confiscó 4 toneladas de cocaína propiedad de Makled. Inmediatamente Itriago fue contactado por Makled quien le prometió USD 1 millón si devolvía la cocaína. Itriago acordó devolver los narcóticos y le devolvió a Makled las 4 toneladas de cocaína. Reportes de inteligencia indican que Itriago se reunión con Makled, a quien pidió que hiciera entrega del dinero al oficial de la PTJ Nelson Lara”.
En la acusación contra Walid Makled introducida en una corte federal de Nueva York en Noviembre de 2010, el agente especial de la DEA Gregory Ball citó fuentes de inteligencia e informantes dentro de Venezuela para afirmar que un cargamento de 5.6 toneladas de cocaína a bordo de un avión DC-9 salió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en la capital venezolana. También detalla que “Walid Makled García hace pagos a la policía venezolana y a la Guardia Nacional para que los aviones cargados con cocaína pueda salir de los aeropuertos y pistas clandestinas en Venezuela, de manera segura y sin la intervención de los organismos de vigilancia y seguridad oficiales”.
De acuerdo a un Dossier del International Institute for Strategic Studies (IISS), bajo el título de “Los Documentos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de ‘Raúl Reyes’” (The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of ‘Raúl Reyes’), que reunió más de 3,000 documentos rescatados de 700 gygabytes de memorias en poder del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, el gobierno de Chávez mantenía por lo menos desde el 2000 una relación estrecha con las FARC, en temas que abarcan desde la contribución monetaria del chavismo a la guerrilla colombiana, la cooperación armamentista y el intercambio de información y actividades estratégicas.
Un acta oficial del Ministerio de Agricultura y Tierras, con fecha 29 de junio de 2009, muestra cómo el etarra Arturo Cubillas, acusado de cometer asesinatos en España como activista de la ETA ejercía funciones directivas para el gobierno venezolano, como Jefe de SEguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inti), adscrito a ese ministerio.
Un reporte publicado el 25 de enero de 2010 por la oficina del Servicio Congresional de Investigación, detalla que Venezuela no ha prestado colaboración con Estados Unidos para combatir el terrorismo, que con documentos de identidad venezolanos como pasaportes y la ciudadanía son fáciles de obtener, y en segundo lugar llama la atención sobre el vuelo semanal entre Teherán, Damasco y Caracas. También menciona los lazos de Chávez con Irán y grupos terroristas como Hizbolá, las FARC de Colombia.
En un Informe de Inteligencia de la Dirección General de Seguridad del Tribunal Supremo de Justicia, con fecha 17 de marzo de 2006, se informa sobre los detalles de la penetración del narcotráfico en tribunales de los estados Carabobo y Lara, y se menciona nombres de jueces presuntamente vinculados con capos de la droga. De acuerdo al documento, “el narcotráfico penetra a jueces y jefes policiales en el estado Lara y en Carabobo”.
Una acusación federal contra un grupo de ciudadanos de Liberia y Colombia por integrar una red internacional de narcotráfico, indica la existencia de “traficantes de cocaína a gran escala” operando desde Venezuela, como punto operativo par transportar droga a Africa Occidental utilizando aviones. Los vuelos para enviar más de 4 toneladas de droga, salían de Venezuela luego de “pagar a funcionarios locales que permitieran despegar al avión”.
Todos los documentos acá
Fuente: La Patilla
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