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miércoles, 1 de junio de 2011

La historia jamás contada de una extraña insurrección




El 11 de mayo del 2004, Antauro Humala y su grupo de etnocaceristas habían protagonizado una marcha por el centro de Lima que fue consignada en el atestado No. 149 – DIRSEG – DIVINDECSE – DEPASOC – V – PNP, donde se dio cuenta de un delito contra la tranquilidad pública, además de violencia y resistencia a la autoridad.

Allí también se especificó que Saúl Ramos Melo, natural de Apurímac, y 50 reservistas del Movimiento Nacionalista Peruano – Grupo Ollanta, alteraron el orden público tirando piedras y atacando con palos al contingente ubicado en el puesto fijo de la USE en la intersección de las avenidas 28 de Julio y Salaverry.
Sin embargo, recién en el atestado No. 173 – DIRSEG – DIVINDECSE – DEPASOC – V – PNP se señala como presunto autor intelectual de esta accidentada movilización con ataque a las fuerzas del orden al mayor EP (r) Antauro Humala Tasso, quien estaba en calidad de no habido ante la Policía Nacional pero se mostraba como líder del “Movimiento Nacionalista Peruano Etnocacerista Ollanta Huma-la”.

Pese a que este hecho destapaba un bien planificado complot contra el estado de derecho y diversos alzamientos sucesivos a producirse en distintos puntos del país a través de “filiales armadas” del etnocacerismo, la doctora Isabel Cristina Huamán García, titular de la 4ta. Fiscalía Provincial Penal de Lima –responsable de investigar y acusar a los implicados– optó por archivar la denuncia. Siete meses después el mismo grupo subversivo perpetró el llamado “Andahuay-lazo”.

El asesino

Pero veamos una nueva prueba de la masacre en la comisaría de Andahuaylas que ahora ponemos al descubierto. En el parte No. 003-DIRCOTE-DIVITR-DEPITACTP se da cuenta de las investigaciones seguidas para identificar al presunto autor de los homicidios de los cuatro valerosos policías integrantes del Escuadrón Verde, dos oficiales y dos suboficiales que ofrendaron sus vidas para restablecer el orden que habían roto los etnocaceristas liderados por Antauro Humala.

En dicho parte se destaca que desde el 5 de enero, fecha en que ya se había retomado el control de la comisaría, un grupo de inteligencia realizó las investigaciones pertinentes logrando establecer que el presunto asesino no había actuado solo. Por ello, se dispone capturar –con la ayuda de radiopatrulla de Andahuaylas– a Angel Freddy Rodríguez Gómez (28), a quien le incautan una pistola 9mm Pietro Beretta, la cual pertenecía al armamento destinado a la comisaría de Andahuaylas y que había sido robada.
En el interrogatorio, el detenido señala que el arma le fue entregada en un restaurante de la zona por Julio Ludeña y que en esa misma oportunidad le enseñó que tenía otras dos armas de fuego.

Rodríguez Gómez explica en su manifestación que el 2 de enero de 2005 lo vio a Julio Ludeña al borde del rio Chumbao vestido de uniforme policial portando un fusil y a su costado el cuerpo de un presunto policía aún con vida.

Esta versión fue corroborada por la Dircote pues tenía en su poder fotografías de un sujeto uniformado justo a orillas del mencionado río, portando armas y alrededor de un policía que fue abatido a balazos.

“Es él, no hay duda”

Lo curioso de todo esto es que pese a que el detenido Rodríguez Gómez logró reconocer en las fotografías a Julio Ludeña, no daban con su paradero. Incluso establecen que el no habido prestó servicio militar voluntario en el Cuartel EP “Los Chancas” BIM No.63 hasta los primeros días de enero en que se produjo la revuelta, y se declaró con paradero desconocido y por ende desertado. Su real nombre era Daniel Julio Ludeña Loayza, hijo de Vidal Ludeña Choque e Irene Loayza Yucra.

Lo más increíble es que en 1999 se presentó al Cuartel EP de Ingeniería a cumplir con su servicio militar obligatorio con el nombre de Claudio Ludeña Loayza o Claudio Daniel Ludeña Loayza, desertando el mismo año de la unidad militar.

Este parte demuestra dos cosas interesantes e indubitables, primero, que el servicio militar en provincias es una coladera y que cualquier hijo del vecino se mete como Pedro por su casa y que luego este deserta y no pasa nada. Y en segundo término, que esta irresponsabilidad de las autoridades militares y policiales desnuda lo fácil que fue atentar contra la vida de varios seres humanos y que su posterior ubicación sea un misterio.

Más incomptetencias

En la entrega anterior, señalamos que la incompetencia del Ministerio Público en el 2004 fue supina y hasta difícil de comprender. Se pudo evitar cuatro muertes en el Andahuaylazo si no fuera por la necedad de la todavía fiscal Isabel Cristina Huamán García que no atendió el pedido de la Policía Nacional y del procurador para que se detenga, se investiguen y se allanen los locales en los que se reunían los reservistas del movimiento etnocacerista o grupo “Ollanta Humala”.

Después de los luctuosos sucesos protagonizados por su hermano Antauro Humala Tasso y sus 179 insurrectos, recién se pusieron las pilas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Resulta que el Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante oficio No. 310-2005 del 7 de enero del mismo año declaraba procedente el pedido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial en la que ordenaba la detención de la gavilla que atacó la comisaría de Andahuaylas.
Asimismo se ordenó la medida de vigilancia a través de tomas fotográficas, registro de imágenes e intervención telefónica de conformidad con el art. 207 del Código Procesal Penal Vigente a las personas Isaac Humala Núñez y Ollanta Humala Tasso. Agrega en la nota que el despacho del Juzgado, en coordinación con el Ministerio Público, se encargará de la ejecución de tales medidas al amparo de la Ley 27379 en su art. 4. Así lo firmó el juez Freddy de la Cruz Huamán.

Pero eso no es todo. También se solicitó a la fiscal María del Pilar Malpica Coronado, titular de la 2da Fiscalía Penal Supraprovincial, para que gestione el allanamiento de un inmueble en Monterrico donde vivía Antauro Humala, así como de la intervención del teléfono fijo 3308375 y los celulares 98483386 y 96246262.

Mucho por explicar

Hablando de teléfonos celulares, hay que destacar que durante la asonada, Antauro Humala usó otro cuyo número era 96393879 y desde el cual se comunicaba en todo momento con personas que nunca se llegó a determinar. Solo se sabe que en algún momento habló con Elsa Malpartida y Evo Morales, a quienes reclamaba el apoyo que aparentemente le habían prometido, según consta en los informes, partes y declaraciones de los oficiales y suboficiales de la PNP que fueron tomados como rehenes en el ataque a la comisaría.

Lo cierto es que de este celular nunca se supo nada y durante el proceso no se le realizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sería oportuno que al reabrirse este proceso se haga y seguro se hallarían muchas sorpresas.

El manifiesto de ollanta

Dentro del análisis de los hechos cuando son apresados los cabecillas del etnocacerismo el 4 de enero en la comisaria, la policía halló un manifiesto a la nación en copia fotostática fechado Seúl 30 de diciembre de 2004 y firmado por Ollanta Moisés Humala Tasso, en cuya esencia se expresan las pretensiones repetidas por el cabecilla Antauro Humala en la acción violentista cometida conjuntamente con su organización criminal el 1 de enero del 2005 en Andahuaylas.

Pero no era el único documento. También hallaron otro manuscrito bajo el título de “Basta Ya- Insurgencia Popular” que encierra los lineamientos y tendencias de esa organización criminal. Manuscrito refrendado por el reservista Wilber Signol Tapia identificado plenamente por el Reniec como Wilber Gilberto Signol Tapia.

El vehículo
Tratando de dar forma a este inmenso rompecabezas llamado Andahuaylazo, la policía halló el vehículo en que se trasladó desde la ciudad de Ayacucho hasta Andahuaylas Antauro Humala Tasso.

Según la nota informativa No. 05-2005-COP-ANDA-HUAYLAS, el hermano de Ollanta Humala estuvo en Ayacucho el 31 de diciembre 2004 y se movilizó en una camioneta 4 x 4 Lada color rojo con placa RGM-821. El medio de transporte fue hallado en el interior de una playa de estacionamiento municipal ubicada en la intercepción de la Av. Andahuaylas con el Jr. Juan Francisco Ramos. Las investigaciones arrojaron que su vehículo pertenecía a Manuel Antonio Cortijo Traverso.

Entre los documentos incautados a Antauro Humala Tasso también se da cuenta de un contrato con la empresa Expreso Palomino SAC, suscrito entre Jesús Flores (administrador de la empresa Wari agencia Nazca) y la persona identificada como Julia Ricardina Elías Lucana respecto al alquiler de dos unidades de transporte para el traslado de personas desde Nazca a Andahuaylas. Fue para el día 31 de diciembre del 2004 a las 2 de la tarde adelantando la suma de 3 mil nuevos soles, quedando un saldo de 2 mil soles. De esta manera, según la policía, se establece que los violentistas de la zona sur Tacna, Moquegua, Arequipa y Ayacucho se concentraron en la localidad de Nasca para ser llevados a Andahuaylas.

Fuente: El Expreso.pe

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