El Paraguay debe garantizar la seguridad jurídica para impulsar las inversiones

La seguridad jurídica es fundamental para atraer las inversiones al Paraguay. Estamos en una coyuntura especial en la que nuestro país presenta una situación económica favorable, altamente atractiva para la afluencia de capitales. Pero para apuntalar ese proceso de inyección financiera para nuestro desarrollo, los poderes del Estado deben garantizar la seguridad jurídica para las inversiones. Ello, desde la sanción de las leyes, pasando por la adecuada, honesta y transparente administración del Ejecutivo, hasta la probidad jurídica en la interpretación de las normas. Lamentablemente, no se tiene todavía la acción coherente para seguir ese proceso.

En el momento en que nuestras autoridades y representantes deben dar señales positivas para impulsar las inversiones que empiezan a llegar al Paraguay, la Cámara de Diputados volvió a tratar la ley de concesión de aeropuertos, ya aprobada por sanción ficta.

Este procedimiento rompe con las normas constitucionales relativas a la formación y sanción de las leyes. En ese sentido, varios senadores han acusado a los diputados de que, además de volver a considerar la ley ya sancionada, decidieron introducir algunas modificaciones a esta. Y, en consecuencia, señalan expresamente que han violado la Constitución.

De una vez por todas, es imprescindible superar el círculo vicioso de irregularidades que contravienen los intereses del país. Una de esas actitudes suele ser la de agravar la imagen negativa de que en el Paraguay no existe la seguridad jurídica, condición fundamental para el imperio de la ley y la instalación de inversiones que tanto necesitamos.

Si bien es siempre recomendable tomar las debidas precauciones, jurídicas y relativas a las reglamentaciones de orden práctico, esta ley de concesión para los aeropuertos ha culminado su instancia legislativa al ser sancionada. Solo falta su promulgación por el Ejecutivo.

Y por su conveniencia, es ya urgente cumplir con los requisitos formales para su entrada en vigencia. De esta forma, el Gobierno y el Estado promoverán las inversiones para la modernización de nuestra infraestructura, incluso para la rápida ampliación de los servicios públicos, deficientes y deplorables.

El peligro que estamos corriendo es que nuestros gobernantes conspiren contra la formidable coyuntura del país para la venida de inversiones que fomenten nuestro desarrollo y cooperen para mejorar los ingresos nacionales y la calidad de vida de los ciudadanos.

Para salir de este esquema conspiraticio, destinado a mantenernos en el atraso, el Paraguay no solo necesita estabilidad, institucionalidad y crecimiento de su economía. Requiere, especialmente, la garantía de la seguridad jurídica.

Con ese fin, el proceso de la sanción de las leyes debe ser estrictamente cumplido por el Congreso de la nación. Y de conformidad con las normas constitucionales. Luego le compete al Ejecutivo -en particular tratándose de inversiones- ajustar con rigor sus decisiones y acciones a las disposiciones de la ley. Esto es importante, porque implicará la superación de esa cultura de la corrupción.

Y, finalmente, el Poder Judicial tiene que constituirse en el baluarte de la seguridad jurídica, administrando el derecho con probidad e imparcialidad en los contingentes juicios que le corresponda intervenir.

Sin este proceso -que hace también al Estado de derecho- quienes nos gobiernan seguirán postergando al país. Pero esa irresponsabilidad tendrá su costo político, y lo pagarán.

Fuente: La Ultima Hora