¿Cómo les cambió la vida a estos venezolanos de distinta condición con la revolución chavista? Por María Teresa Ronderos, enviada especial de SEMANA a Caracas.
Con el socialismo de Hugo Chávez en marcha por más de una docena de años, todo se ha transformado en Venezuela. El poder, siempre vestido de rojo, se concentró excesivamente en una sola mano y se saltaron varios fusibles de la democracia liberal: la justicia perdió autonomía, la expropiación se volvió arbitraria y abusiva, y la libertad de crítica ha sido castigada.En el envés de esta mirada liberal a la brutal mutación de Venezuela está la revolución igualitaria, que se metió en el corazón de los sectores populares. Aquel 40 por ciento que aún ve con buenos ojos al chavismo, según las últimas encuestas, y siente al gobierno como suyo.
Y en el trasfondo, una violencia desmadrada que afecta a pobres y ricos por igual. Sin que se conozcan muy bien las cifras, el Observatorio Venezolano de la Violencia ha calculado que los homicidios subieron de 4.550 en 1998 a 17.600 en 2010.
No hay mejor manera de contar un fenómeno que ha suscitado posiciones tan opuestas que dar la palabra a sus protagonistas. Estos son los testimonios que, en distintos puntos de Caracas, me dieron seis venezolanos de carne y hueso que están construyendo la Venezuela que sueñan.
La líder comunitaria
Con la nueva ley en mano, Mariela Machado rescata tierras urbanas para que el gobierno le haga viviendas a la gente.
Conocí a Mariela Machado en plena gresca, manoteando, robusta y enérgica, en medio de una decena de mamás que en coro de murmullos reclamaban con ella. En nombre de la comunidad, estaban tomando posesión de un predio del Estado que hacía años había sido entregado en comodato a un particular.
“Tomamos esto respetuosamente porque ustedes lo volvieron parqueadero sin permiso y cobran 100.000 bolívares y solo le pagan al Estado 5.000 –le gritó Mariela a la beneficiaria del comodato–. Aquí se van a hacer casas para la comunidad, gústeles o no”.
Cuando empezó la entrevista, a Mariela se le desvaneció la rabia como por encanto, y mostró una sonrisa amplia, radiante de cordialidad. “Soy del Comité de Tierras Urbanas 00062 del movimiento de pobladores”, dijo. Y después explicó que la nueva ley de tierras urbanas insta a los habitantes de los barrios que, como el suyo, El Carmen, están aferrados a las colinas inestables que rodean Caracas a que busquen baldíos estatales, como este, y presenten proyectos a la Vicepresidencia.
Después me contó su vida. Proveniente de Barlovento, desde jovencita le gustaba el trabajo social. Salió a protestar muchas veces porque nunca les ponían el agua en su barrio, y una, la llevaron presa. Se metió al convento de las salesianas para seguir su servicio a la gente. Duró cuatro años, pero descubrió que le gustaba la calle, convocar a la gente a trabajar por lo suyo.
No votó por Chávez en 1998, pero cuando vio que en 2000 consiguieron construir el anhelado acueducto, fruto de “las mesas de agua creadas por el proceso revolucionario”, se volvió chavista. Hoy es enfermera, inspectora de riesgo y protección, está en el Comité de Tierras y forma ciudadanos en derechos. Sus dos hijos mayores van a la Universidad Bolivariana; el uno estudia Gestión Social y la otra, Enfermería.
“No es que la lucha se haya acabado, sino que tenemos los instrumentos para darla. Ahora hay mucha más conciencia de la igualdad”, dice.
Aunque asume con propiedad la jerga socialista, más aún cuando vio llegar un noticiero a cubrir la pelea por el lote, Mariela es una persona auténtica. Ella quiere ser justa: “El señor dueño del lote fue muy decente, y queremos hacer esto por las buenas”, me dice en voz baja. Y luego, habla fuerte: “Tres niños murieron tapiados en el barrio, este invierno. Duramos toda la noche para sacarlos. Aquí se van a hacer casas para la comunidad, gústeles o no”. A lo que alguno le contestó: “Nos quitan esto y no va a haber casas”. Ella respondió, sin dudarlo: “Si el gobierno no las hace, cerramos la calle y lo obligamos”.
“Se te acabó la teta –rezongó en voz alta una señora flaca–. Te llegó la revolución”.
La juez forzada a renunciar
Por mantener su autonomía judicial, Mónica Fernández fue perseguida con saña. Luego fundó Foro Penal, para combatir la injusticia.
Mónica Fernández es una ejecutiva acelerada, bien acicalada y sorprendentemente tranquila para una persona cuya brillante carrera de juez quedó truncada por la Revolución bolivariana. Contó que desde pequeña aprendió a conseguir las cosas con esfuerzo. Sus padres, inmigrantes españoles, se labraron un buen vivir con trabajo esmerado y le pagaron doble carrera en Educación y en Derecho en dos universidades privadas.
Como de estudiante hizo voluntariado en las cárceles, fue nombrada en el comité que decidía los beneficios a los presos y de ahí saltó a directora nacional de prisiones. Fue su tarea desalojar el Retén de Catia, una cárcel de pavoroso hacinamiento donde hacía poco habían muerto calcinados 25 presos.
Cuando Chávez subió al poder, Fernández, ya casada y con una hija, entró como juez de ejecución de condenas. En 2001, un grupo chavista se tomó la Universidad Central de Venezuela y el rector solicitó un amparo para poder sacarlo con la fuerza pública. El fiscal y unos diputados oficialistas llamaron a Fernández, la juez del caso, y la instaron a rechazar el amparo. Pero ella lo autorizó. El fiscal Isaías Rodríguez no acató su orden y pidió su destitución. Ella lo denunció por obstruir la justicia. No la sacaron, pero se granjeó enemigos poderosos.
El 11 de abril de 2002, la turbulencia de cacerolazos y paros cuajó en el intento de golpe de Estado que tuvo a Chávez sin control por unas horas. En la madrugada del 12, los noticieros dijeron que el presidente había renunciado. Fernández fue de los pocos jueces que trabajaron ese día. Dio vía libre a un fiscal para que allanara un apartamento donde se creía había armas. Solo después, asegura Fernández, supo que allí estaba el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el fiscal le pidió autorizar su arresto porque tenía un arma de fuego sin permiso.
En la audiencia posterior el ministro explicó: “El presidente Chávez está secuestrado y el arma que tengo es de él”. Fernández pidió que le dieran de comer al reo, lo hizo sacar por una puerta a donde no lo vieran los medios y le dio la casa por cárcel, convencida de que así lo protegería mientras se aclaraba el confuso panorama.
Pero el régimen no la perdonó. La acusó de 13 delitos. Ella, con sus expedientes al día, partícipe de redacción del nuevo Código Penal venezolano y premiada como joven sobresaliente del mundo por la Cámara Júnior de Comercio Internacional, se defendió. Hicieron lo posible por humillarla sacándola con guardias de su despacho como imputada y, asegura, le quitaron el expediente a un fiscal que quiso precluir su caso. El programa de La Hojilla, que denuesta a los críticos de Chávez, la fustigaba a diario. Al final cedió y tuvo que defenderse desde la calle.
Sin dinero, recién divorciada y con constantes descalificaciones oficiales, creó con unos colegas el Foro Penal Venezolano para investigar los abusos del poder judicial y empujar una ley de amnistía para todos los presos políticos por los hechos del 11 de abril. Chávez la concedió el 31 de diciembre de 2007, y entre los amnistiados quedó Fernández.
No pudo celebrar por mucho tiempo. El 5 de enero siguiente unos tipos la atacaron a ella y a su novio, que era policía e iba armado, a plena luz del día. Se armó una balacera. Ella recibió un tiro a milímetros de la columna vertebral y él, siete balazos. Ella quiere creer que fue un frustrado intento de secuestro común –crimen que ha crecido un 430 por ciento en 12 años– y que nada tuvo que ver con su batalla por la justicia, ni con los odios que desató por defender su autonomía. Sus heridas de bala sanaron, pero nunca pudo volver a ser juez.
El empresario vuelto político
Al exejecutivo de Polar Eduardo Gómez Sigala le expropiaron la finca, se sintió obligado a trabajar para que Venezuela vuelva a crecer y hoy es diputado.
Las eternas discusiones entre chavistas y opositores que por estos días protagonizan los diputados de la Asamblea Legislativa forzaron a Eduardo Gómez Sigala a atravesar el endiablado tráfico de Caracas en moto para llegar a la cita conmigo en su oficina particular.
Parco, cortés, Gómez Sigala fue al grano. Sin contar un breve periodo como concejal de su natal Barquisimeto, Eduardo Gómez Sigala fue durante 25 años el clásico ejecutivo empresarial. Su familia tenía negocios de ganadería y caficultura, además del diario principal de su región, El Informador. Se educó con jesuitas, estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y se especializó en Derecho Mercantil en la Universidad de Columbia. Se casó con una hermana de Lorenzo Mendoza, principal socio del grupo Polar, y por años administró empresas en su división de alimentos.
Fue presidente de Conindustria (la Andi venezolana) y su vida empresarial hubiera seguido adelante de no ser porque los obstáculos del gobierno a la empresa privada comenzaron a hacérsele intolerables. “A medida que el gobierno intervenía y regulaba las cadenas productivas, se iba haciendo cada vez más difícil crecer”. Se había equivocado al creer, como lo hizo al inicio, que el de Chávez sería un gobierno de inclusión. “El mal manejo de la cosa pública ha quemado esa opción; Chávez es un camuflaje de socialismo, un fraude”.
El 24 de septiembre de 2009 le llegó la gota que rebosó su copa. Durante un viaje de negocios en Colombia, le avisaron que el Ejército había entrado a su finca en el Valle de Turbio, en Lara. La propiedad, de 40 hectáreas, rendía una buena producción de caña de azúcar y la estaban expropiando junto con otras 29 fincas.Volando se regresó para averiguar cómo iba el proceso de expropiación, pero no encontró ninguno. Fue a la finca y encontró que los soldados estaban destruyendo los cañaduzales. Llamó a los periodistas, y en el forcejeo con la fuerza pública y con la nube de milicianos que no lo dejaban entrar, un soldado alegó que él le había roto el uniforme. Lo detuvieron y le abrieron un proceso. El soldado nunca pudo llegar a sustentar su denuncia ante el juez porque fue asesinado.
“Sentí gran frustración, el abuso, la sumisión de los jueces frente al Ejecutivo, y decidí meterme a la política”. Se vio sin alternativas. La riqueza en Venezuela ya no proviene de la creación de empresa y de empleo o de la creatividad, sino del sinuoso camino de la adulación al poder para conseguir prebendas. ¿Pero no se han beneficiado muchos venezolanos pobres?, le pregunté. “Ha gastado tanto este gobierno que a pesar de haber beneficiado a algunos, ha ahondado en los mismos errores del pasado de dependencia del petróleo y empobrecimiento”.
Se lanzó de diputado y salió elegido por su estado Lara un año después de la expropiación. Hoy es uno de los 67 que representan a la oposición en la Asamblea de 165 diputados. “Estoy aquí para formar parte de la reconstrucción del país del poschavismo, que será ardua”, dice. Asegura que el ambiente en la Asamblea es democrático, que se discuten los temas y que si algo cambió con “esta tragedia que ha sido esta Revolución bolivariana”, es que nos hicimos sensibles frente a la urgencia de defender los derechos y la política.
El estudiante opositor
Frank Calviño enfrentó la feroz respuesta de los chavistas cuando quiso mejorar su universidad. Hoy hace política.
Cuando hablan de su origen, Frank Calviño, Luis Bermúdez y Gerardo Aguirre explican, como excusándose, que no son ningunos ricachones, que provienen de clase media luchada y por eso estudiaron en universidad pública, la Central de Venezuela (UCV), y trabajaron toda la carrera. Calviño parece ser el más apasionado de los tres, todos politizados en la universidad sin buscarlo realmente. “No estaría en la política si este fuera un país coherente”, dice.
Como sus colegas, llegó a estudiar Comunicación Social en 2005, y en lugar de computadores y profesores que lo guiaran en el nuevo mundo virtual, encontró máquinas Olivetti del año 54 y viejos que no habían leído nada desde las teorías de la Escuela de Fráncfort. Crearon el Grupo de Rescate Académico y, con promesas como comprar computadores, conquistaron el control del Centro de Estudiantes de su carrera, donde habían predominado los marxistas.
Cuando el gobierno le quitó la licencia al canal Rctv, les pareció una arbitrariedad y salieron a la calle con miles de otros estudiantes. Los decepcionó el discurso del líder estudiantil de oposición, Stalin González. “La oposición solo quiere sacar a Chávez, no poner a funcionar al país para los ciudadanos –dice Calviño–, y el chavismo es inepto e incompetente”. Con esa filosofía, y rebautizados como Gestión, buscaron llegar al órgano de máximo poder estudiantil de la UCV, la Federación de Centros Universitarios.
En plena campaña, medio kilo de dinamita voló parte del edificio de Comunicación y destrozó los flamantes computadores. Luego, líderes estudiantiles de la ultrachavista Facultad de Trabajo Social asaltaron a un grupo de Gestión. Les quitaron celulares, plata, les rompieron las camisas, y “a las chicas les dieron nalgadas”, cuentan. Calviño y sus colegas fueron a reclamar. “Esto no es política –les gritó–, esto es hampa”. Se armó gresca y, cuando se dieron cuenta, Calviño estaba tirado en el suelo descalabrado, con una oreja colgando de un pellejo y una costilla rota. Lo envolvieron en un tapete y lo sacaron escondido en el baúl de un carro. Los de Gestión marcharon a Trabajo Social y, sin saber a qué horas, apareció medio centenar de motociclistas armados con fusiles AK-47 disparando ráfagas al aire. El edificio de Trabajo Social ardió en llamas. Hubo cuatro heridos de bala.
A pesar de la presión, Gestión eligió unos pocos estudiantes al órgano rector universitario. Calviño, hoy de 23 años, se graduó con honores. Sus colegas Bermúdez, de 26, y Aguirre, de 27, también. Desistieron de las marchas para presionar a Chávez. “Pueden movilizarse los 25 millones de venezolanos y nada le hacen”, dijo Calviño. Creen más en el trabajo directo en los barrios marginales. Allá están, en un sector deprimido de Petare, haciendo obras para meterse a los consejos comunales. Buscan desbancar a Chávez por abajo, pero aseguran que, a diferencia de la oposición, ellos quieren además construir un proyecto alternativo de país.
El militante chavista
Del popular barrio 23 de Enero, Robert Longa siente que este es el primer gobierno que no los reprime y sí les ayuda.
Mientras caminaba para lle gar al salón comunitario donde iba a ver a Robert Longa en el barrio 23 de Enero de Caracas, me miraron desde distintas paredes Marx, el Che y Jesucristo en su última cena con Marulanda, Bolívar, Castro y Chávez, entre otros apóstoles revolucionarios. En el salón, encontré a Longa, líder de este barrio que tiene por nombre la fecha de la caída del dictador Pérez Jiménez. No vestía de rojo sino de negro. Llevaba una radio por donde solicitó que se vigilara nuestro automóvil. Dos monitores mostraban los movimientos que captaban las cámaras de seguridad de la zona.
Corpulento, caribeño de trato sencillo, Longa dice que creció temiendo a los guardias que reprimían las protestas por la falta de agua en el barrio, pero que más que de política sabía de basquetbol y de muchachas. De estudiante sí tiró piedra. Nadie que haya vivido en el 23 de Enero ha dejado de hacerlo. Y cuando apenas tenía 18 años, la tuerca que venía agazapada en una ráfaga de balas de salva de la Policía lo hirió en una mano.
El 4 de febrero de 1992, con truenos de cañón, comenzó a despertar su conciencia política. En el intento de golpe, los militares se atrincheraron en el Museo Histórico Militar, que queda justo detrás del barrio. Después emergió el líder Hugo Chávez, quien reconoció el fracaso de su “movimiento militar bolivariano” y dijo su famosa frase: “Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la capital”. De ahí en adelante, el teniente coronel de boina roja fue referencia para todos en el 23 de Enero. Organizaron comités de solidaridad con los militares presos, hicieron afiches con el “por ahora” y se alistaron para una nueva era.
Por eso Longa lloró de emoción cuando Chávez ganó. Y vaya que le cambió su vida. Entró a la Universidad Bolivariana, sin examen de admisión ni matrícula, y ya lleva dos años y medio estudiando Sociología en las noches, en las aulas de las escuelas del barrio. “¿Quién iba a pensar que un muchacho de barrio podría llegar a salir en un diario nacional hablando de política?”, dice orgulloso del reportaje de dos páginas que hace un tiempo le hizo el diario más leído del país, Últimas Noticias.
También la vida del 23 de Enero se volvió otra. Longa enumera los logros. El Estado les ha subsidiado el montaje de una panadería y una fábrica de bloques y han mejorado calles y andenes. Les dio tierra para hacer cultivos, les puso un módulo de Barrio Adentro, el programa de atención en salud con médicos cubanos, y ya nadie hace cola para conseguir agua. También les ayudó a montar Radio Arsenal.
El resto les toca a ellos. “Tenemos medios de producción, nos sentimos gobierno, somos corresponsables”, dice. Y da como ejemplo que en las pasadas inundaciones, cuando ya se disponía a descansar después de ayudar a los damnificados todo el día, vio al comandante Chávez en la televisión, con medio cuerpo entre el agua, y se dijo a sí mismo: “El comandante me da ejemplo, yo tengo que volver a la calle a trabajar”. ¿Estaría dispuesto a defender la revolución con las armas? Se queda pensando: “No sé si la defendería con armas, pero sí con la vida”.
La dependencia del petróleo y la corrupción son para Longa vicios de los gobiernos anteriores que tomará tiempo desterrar. Pero la revolución les ha dado a los jóvenes una alternativa a las drogas y a la delincuencia, asegura, porque envía a los drogadictos a rehabilitarse a Cuba y les da una razón para trabajar por su comunidad.
Y si Chávez perdiera las elecciones de 2012, ¿qué pasaría con todo esto? Longa ni siquiera quiere imaginarlo. “Necesitamos que nos cuide hasta que la revolución esté madura en 2021”, se defiende. ¿Pero y si se da qué haría? “En el supuesto negado –repite tres veces–, quien llegase tendría problemas si no continúa con este proyecto”.
El defensor de los derechos
Antonio González Pleissman cree que con el gobierno podrá reformar la Policía.
Después de recorrer los anchos corredores de la Universidad Experimental de la
Seguridad, donde alguna vez quedó el temible Retén Catia, aún no daba con Antonio González Pleissman, a quien me habían descrito como un chavista moderado que venía de la mejor tradición de defensa de los derechos humanos en Venezuela. Me topé primero con una obra inspirada en el pintor ecuatoriano Guayasamín, dibujada en dos metros de pared azul y coronada por un letrero que decía “Honor a la víctimas de abuso policial”. Era raro ver una academia de Policía que reconocía sus vergüenzas en público.
Di con González, un hombre menudo y dulce, que hablaba pausado y se veía satisfecho. Me contó su historia con timidez, convencido de que no tenía nada de particular. Nació en un hogar de clase media alta. Sensible a la enorme pobreza que se expandía mientras los chorros de dinero del petróleo entraban al país, estudió Sociología en la universidad pública y simpatizaba con la izquierda.
La masacre de El Amparo, el 29 de octubre de 1988, en la que fueron asesinados 16 campesinos inocentes, lo sacó a la calle a gritar. Hubo 270 marchas en los tres meses que siguieron. La reacción oficial fue violenta: represión, golpizas, tuercas en la munición de salva que disparaban a los manifestantes, que mataban sin dejar rastro. “Fui al entierro de por lo menos diez compañeros de la universidad asesinados de esa forma”, dice González. Él mismo fue maltratado y encarcelado por unas horas en enero de 1989.
Esos sucesos lo empujaron a vincularse con Provea, organización pionera en la defensa de los derechos humanos; escribió un libro sobre la impunidad de la masacre y coordinó hasta 2006 el informe anual de Provea del estado de los derechos humanos en su país.
Como pertenecía a la izquierda, supo desde meses antes que unos militares urdían el derrocamiento del presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. En su grupo lo discutieron mucho y resolvieron “apoyar la revuelta popular en caso de que el golpe fuera exitoso”.
No lo fue, pero su líder, Hugo Chávez, se ganó la simpatía de la gran clase media urbana que estaba hastiada con la corrupción partidista. Fue insólito ver al joven teniente coronel hacerse cargo de la fallida intentona, aún a sabiendas de que terminaría preso. “Nunca habíamos visto a un político asumir sus culpas –exclamó González–, algo realmente nuevo se abría”.
Lo siguió desde entonces con simpatía, votó por él y celebró su triunfo en 1998. No obstante, a raíz de las protestas por las inundaciones de 1999 en el estado Vargas, que dejaron miles de damnificados, la fuerza pública salió, como era usual, a reprimir, y dejó heridos y muertos. Provea denunció los sucesos y se distanció del gobierno, que finalmente destituyó al jefe de la Policía Política.
Aunque su organización fue la primera en salir a defender el orden democrático, cuando Chávez trastabilló en 2002, González se fue sintiendo incómodo de trabajar allí. Provea insistía en reclamarle al gobierno sus constantes abusos a los opositores. “No comparto que se violen los derechos, pero siento que en este gobierno se respetan más los derechos de los sectores populares, y mi militancia es con ellos”, dice.
¿No se contradice?, pregunté. Los regímenes liberales deben defender los derechos humanos de todos por encima de cualquier causa iluminada. González responde con paciencia, como cansado de ensayar la misma explicación. “En Venezuela hay una confrontación de fondo entre sectores populares que quieren asumir el protagonismo y clases dirigentes que no quieren perder privilegios. Yo estoy con los primeros”.
En 2006 vio la oportunidad de cambiar las cosas desde el poder. En su calidad de defensor de derechos humanos, participó con el gobierno y otras organizaciones en la Comisión Nacional de Reforma Policial. “Era erradicar todas esas prácticas que llevaron a la muerte a mis compañeros; era la respuesta a veinte años de lucha por los derechos humanos”. De las recomendaciones de la Comisión salió la Ley del Sistema Nacional Policial y una nueva Policía, la Nacional Bolivariana. Para que los policías se formaran en civilidad se creó la Universidad Experimental de la Seguridad (Unes), bajo el liderazgo de otra respetada defensora de derechos humanos, Soraya Lesca.
Allí está González hoy, convencido de que con la Unes conseguirán que la represión y la arbitrariedad policiales se queden en el pasado. Por lo pronto, su proyecto piloto de formar policías bolivarianos en conjunto con la comunidad vecina está dando resultados: un 90 por ciento de la gente la acepta gustosa, y el crimen va bajando. “Esta reforma solo es posible porque los sectores populares tienen más poder”.
Fuente: Semana.com
Y en el trasfondo, una violencia desmadrada que afecta a pobres y ricos por igual. Sin que se conozcan muy bien las cifras, el Observatorio Venezolano de la Violencia ha calculado que los homicidios subieron de 4.550 en 1998 a 17.600 en 2010.
No hay mejor manera de contar un fenómeno que ha suscitado posiciones tan opuestas que dar la palabra a sus protagonistas. Estos son los testimonios que, en distintos puntos de Caracas, me dieron seis venezolanos de carne y hueso que están construyendo la Venezuela que sueñan.
La líder comunitaria
Con la nueva ley en mano, Mariela Machado rescata tierras urbanas para que el gobierno le haga viviendas a la gente.
Conocí a Mariela Machado en plena gresca, manoteando, robusta y enérgica, en medio de una decena de mamás que en coro de murmullos reclamaban con ella. En nombre de la comunidad, estaban tomando posesión de un predio del Estado que hacía años había sido entregado en comodato a un particular.
“Tomamos esto respetuosamente porque ustedes lo volvieron parqueadero sin permiso y cobran 100.000 bolívares y solo le pagan al Estado 5.000 –le gritó Mariela a la beneficiaria del comodato–. Aquí se van a hacer casas para la comunidad, gústeles o no”.
Cuando empezó la entrevista, a Mariela se le desvaneció la rabia como por encanto, y mostró una sonrisa amplia, radiante de cordialidad. “Soy del Comité de Tierras Urbanas 00062 del movimiento de pobladores”, dijo. Y después explicó que la nueva ley de tierras urbanas insta a los habitantes de los barrios que, como el suyo, El Carmen, están aferrados a las colinas inestables que rodean Caracas a que busquen baldíos estatales, como este, y presenten proyectos a la Vicepresidencia.
Después me contó su vida. Proveniente de Barlovento, desde jovencita le gustaba el trabajo social. Salió a protestar muchas veces porque nunca les ponían el agua en su barrio, y una, la llevaron presa. Se metió al convento de las salesianas para seguir su servicio a la gente. Duró cuatro años, pero descubrió que le gustaba la calle, convocar a la gente a trabajar por lo suyo.
No votó por Chávez en 1998, pero cuando vio que en 2000 consiguieron construir el anhelado acueducto, fruto de “las mesas de agua creadas por el proceso revolucionario”, se volvió chavista. Hoy es enfermera, inspectora de riesgo y protección, está en el Comité de Tierras y forma ciudadanos en derechos. Sus dos hijos mayores van a la Universidad Bolivariana; el uno estudia Gestión Social y la otra, Enfermería.
“No es que la lucha se haya acabado, sino que tenemos los instrumentos para darla. Ahora hay mucha más conciencia de la igualdad”, dice.
Aunque asume con propiedad la jerga socialista, más aún cuando vio llegar un noticiero a cubrir la pelea por el lote, Mariela es una persona auténtica. Ella quiere ser justa: “El señor dueño del lote fue muy decente, y queremos hacer esto por las buenas”, me dice en voz baja. Y luego, habla fuerte: “Tres niños murieron tapiados en el barrio, este invierno. Duramos toda la noche para sacarlos. Aquí se van a hacer casas para la comunidad, gústeles o no”. A lo que alguno le contestó: “Nos quitan esto y no va a haber casas”. Ella respondió, sin dudarlo: “Si el gobierno no las hace, cerramos la calle y lo obligamos”.
“Se te acabó la teta –rezongó en voz alta una señora flaca–. Te llegó la revolución”.
La juez forzada a renunciar
Por mantener su autonomía judicial, Mónica Fernández fue perseguida con saña. Luego fundó Foro Penal, para combatir la injusticia.
Mónica Fernández es una ejecutiva acelerada, bien acicalada y sorprendentemente tranquila para una persona cuya brillante carrera de juez quedó truncada por la Revolución bolivariana. Contó que desde pequeña aprendió a conseguir las cosas con esfuerzo. Sus padres, inmigrantes españoles, se labraron un buen vivir con trabajo esmerado y le pagaron doble carrera en Educación y en Derecho en dos universidades privadas.
Como de estudiante hizo voluntariado en las cárceles, fue nombrada en el comité que decidía los beneficios a los presos y de ahí saltó a directora nacional de prisiones. Fue su tarea desalojar el Retén de Catia, una cárcel de pavoroso hacinamiento donde hacía poco habían muerto calcinados 25 presos.
Cuando Chávez subió al poder, Fernández, ya casada y con una hija, entró como juez de ejecución de condenas. En 2001, un grupo chavista se tomó la Universidad Central de Venezuela y el rector solicitó un amparo para poder sacarlo con la fuerza pública. El fiscal y unos diputados oficialistas llamaron a Fernández, la juez del caso, y la instaron a rechazar el amparo. Pero ella lo autorizó. El fiscal Isaías Rodríguez no acató su orden y pidió su destitución. Ella lo denunció por obstruir la justicia. No la sacaron, pero se granjeó enemigos poderosos.
El 11 de abril de 2002, la turbulencia de cacerolazos y paros cuajó en el intento de golpe de Estado que tuvo a Chávez sin control por unas horas. En la madrugada del 12, los noticieros dijeron que el presidente había renunciado. Fernández fue de los pocos jueces que trabajaron ese día. Dio vía libre a un fiscal para que allanara un apartamento donde se creía había armas. Solo después, asegura Fernández, supo que allí estaba el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el fiscal le pidió autorizar su arresto porque tenía un arma de fuego sin permiso.
En la audiencia posterior el ministro explicó: “El presidente Chávez está secuestrado y el arma que tengo es de él”. Fernández pidió que le dieran de comer al reo, lo hizo sacar por una puerta a donde no lo vieran los medios y le dio la casa por cárcel, convencida de que así lo protegería mientras se aclaraba el confuso panorama.
Pero el régimen no la perdonó. La acusó de 13 delitos. Ella, con sus expedientes al día, partícipe de redacción del nuevo Código Penal venezolano y premiada como joven sobresaliente del mundo por la Cámara Júnior de Comercio Internacional, se defendió. Hicieron lo posible por humillarla sacándola con guardias de su despacho como imputada y, asegura, le quitaron el expediente a un fiscal que quiso precluir su caso. El programa de La Hojilla, que denuesta a los críticos de Chávez, la fustigaba a diario. Al final cedió y tuvo que defenderse desde la calle.
Sin dinero, recién divorciada y con constantes descalificaciones oficiales, creó con unos colegas el Foro Penal Venezolano para investigar los abusos del poder judicial y empujar una ley de amnistía para todos los presos políticos por los hechos del 11 de abril. Chávez la concedió el 31 de diciembre de 2007, y entre los amnistiados quedó Fernández.
No pudo celebrar por mucho tiempo. El 5 de enero siguiente unos tipos la atacaron a ella y a su novio, que era policía e iba armado, a plena luz del día. Se armó una balacera. Ella recibió un tiro a milímetros de la columna vertebral y él, siete balazos. Ella quiere creer que fue un frustrado intento de secuestro común –crimen que ha crecido un 430 por ciento en 12 años– y que nada tuvo que ver con su batalla por la justicia, ni con los odios que desató por defender su autonomía. Sus heridas de bala sanaron, pero nunca pudo volver a ser juez.
El empresario vuelto político
Al exejecutivo de Polar Eduardo Gómez Sigala le expropiaron la finca, se sintió obligado a trabajar para que Venezuela vuelva a crecer y hoy es diputado.
Las eternas discusiones entre chavistas y opositores que por estos días protagonizan los diputados de la Asamblea Legislativa forzaron a Eduardo Gómez Sigala a atravesar el endiablado tráfico de Caracas en moto para llegar a la cita conmigo en su oficina particular.
Parco, cortés, Gómez Sigala fue al grano. Sin contar un breve periodo como concejal de su natal Barquisimeto, Eduardo Gómez Sigala fue durante 25 años el clásico ejecutivo empresarial. Su familia tenía negocios de ganadería y caficultura, además del diario principal de su región, El Informador. Se educó con jesuitas, estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y se especializó en Derecho Mercantil en la Universidad de Columbia. Se casó con una hermana de Lorenzo Mendoza, principal socio del grupo Polar, y por años administró empresas en su división de alimentos.
Fue presidente de Conindustria (la Andi venezolana) y su vida empresarial hubiera seguido adelante de no ser porque los obstáculos del gobierno a la empresa privada comenzaron a hacérsele intolerables. “A medida que el gobierno intervenía y regulaba las cadenas productivas, se iba haciendo cada vez más difícil crecer”. Se había equivocado al creer, como lo hizo al inicio, que el de Chávez sería un gobierno de inclusión. “El mal manejo de la cosa pública ha quemado esa opción; Chávez es un camuflaje de socialismo, un fraude”.
El 24 de septiembre de 2009 le llegó la gota que rebosó su copa. Durante un viaje de negocios en Colombia, le avisaron que el Ejército había entrado a su finca en el Valle de Turbio, en Lara. La propiedad, de 40 hectáreas, rendía una buena producción de caña de azúcar y la estaban expropiando junto con otras 29 fincas.Volando se regresó para averiguar cómo iba el proceso de expropiación, pero no encontró ninguno. Fue a la finca y encontró que los soldados estaban destruyendo los cañaduzales. Llamó a los periodistas, y en el forcejeo con la fuerza pública y con la nube de milicianos que no lo dejaban entrar, un soldado alegó que él le había roto el uniforme. Lo detuvieron y le abrieron un proceso. El soldado nunca pudo llegar a sustentar su denuncia ante el juez porque fue asesinado.
“Sentí gran frustración, el abuso, la sumisión de los jueces frente al Ejecutivo, y decidí meterme a la política”. Se vio sin alternativas. La riqueza en Venezuela ya no proviene de la creación de empresa y de empleo o de la creatividad, sino del sinuoso camino de la adulación al poder para conseguir prebendas. ¿Pero no se han beneficiado muchos venezolanos pobres?, le pregunté. “Ha gastado tanto este gobierno que a pesar de haber beneficiado a algunos, ha ahondado en los mismos errores del pasado de dependencia del petróleo y empobrecimiento”.
Se lanzó de diputado y salió elegido por su estado Lara un año después de la expropiación. Hoy es uno de los 67 que representan a la oposición en la Asamblea de 165 diputados. “Estoy aquí para formar parte de la reconstrucción del país del poschavismo, que será ardua”, dice. Asegura que el ambiente en la Asamblea es democrático, que se discuten los temas y que si algo cambió con “esta tragedia que ha sido esta Revolución bolivariana”, es que nos hicimos sensibles frente a la urgencia de defender los derechos y la política.
El estudiante opositor
Frank Calviño enfrentó la feroz respuesta de los chavistas cuando quiso mejorar su universidad. Hoy hace política.
Cuando hablan de su origen, Frank Calviño, Luis Bermúdez y Gerardo Aguirre explican, como excusándose, que no son ningunos ricachones, que provienen de clase media luchada y por eso estudiaron en universidad pública, la Central de Venezuela (UCV), y trabajaron toda la carrera. Calviño parece ser el más apasionado de los tres, todos politizados en la universidad sin buscarlo realmente. “No estaría en la política si este fuera un país coherente”, dice.
Como sus colegas, llegó a estudiar Comunicación Social en 2005, y en lugar de computadores y profesores que lo guiaran en el nuevo mundo virtual, encontró máquinas Olivetti del año 54 y viejos que no habían leído nada desde las teorías de la Escuela de Fráncfort. Crearon el Grupo de Rescate Académico y, con promesas como comprar computadores, conquistaron el control del Centro de Estudiantes de su carrera, donde habían predominado los marxistas.
Cuando el gobierno le quitó la licencia al canal Rctv, les pareció una arbitrariedad y salieron a la calle con miles de otros estudiantes. Los decepcionó el discurso del líder estudiantil de oposición, Stalin González. “La oposición solo quiere sacar a Chávez, no poner a funcionar al país para los ciudadanos –dice Calviño–, y el chavismo es inepto e incompetente”. Con esa filosofía, y rebautizados como Gestión, buscaron llegar al órgano de máximo poder estudiantil de la UCV, la Federación de Centros Universitarios.
En plena campaña, medio kilo de dinamita voló parte del edificio de Comunicación y destrozó los flamantes computadores. Luego, líderes estudiantiles de la ultrachavista Facultad de Trabajo Social asaltaron a un grupo de Gestión. Les quitaron celulares, plata, les rompieron las camisas, y “a las chicas les dieron nalgadas”, cuentan. Calviño y sus colegas fueron a reclamar. “Esto no es política –les gritó–, esto es hampa”. Se armó gresca y, cuando se dieron cuenta, Calviño estaba tirado en el suelo descalabrado, con una oreja colgando de un pellejo y una costilla rota. Lo envolvieron en un tapete y lo sacaron escondido en el baúl de un carro. Los de Gestión marcharon a Trabajo Social y, sin saber a qué horas, apareció medio centenar de motociclistas armados con fusiles AK-47 disparando ráfagas al aire. El edificio de Trabajo Social ardió en llamas. Hubo cuatro heridos de bala.
A pesar de la presión, Gestión eligió unos pocos estudiantes al órgano rector universitario. Calviño, hoy de 23 años, se graduó con honores. Sus colegas Bermúdez, de 26, y Aguirre, de 27, también. Desistieron de las marchas para presionar a Chávez. “Pueden movilizarse los 25 millones de venezolanos y nada le hacen”, dijo Calviño. Creen más en el trabajo directo en los barrios marginales. Allá están, en un sector deprimido de Petare, haciendo obras para meterse a los consejos comunales. Buscan desbancar a Chávez por abajo, pero aseguran que, a diferencia de la oposición, ellos quieren además construir un proyecto alternativo de país.
El militante chavista
Del popular barrio 23 de Enero, Robert Longa siente que este es el primer gobierno que no los reprime y sí les ayuda.
Mientras caminaba para lle gar al salón comunitario donde iba a ver a Robert Longa en el barrio 23 de Enero de Caracas, me miraron desde distintas paredes Marx, el Che y Jesucristo en su última cena con Marulanda, Bolívar, Castro y Chávez, entre otros apóstoles revolucionarios. En el salón, encontré a Longa, líder de este barrio que tiene por nombre la fecha de la caída del dictador Pérez Jiménez. No vestía de rojo sino de negro. Llevaba una radio por donde solicitó que se vigilara nuestro automóvil. Dos monitores mostraban los movimientos que captaban las cámaras de seguridad de la zona.
Corpulento, caribeño de trato sencillo, Longa dice que creció temiendo a los guardias que reprimían las protestas por la falta de agua en el barrio, pero que más que de política sabía de basquetbol y de muchachas. De estudiante sí tiró piedra. Nadie que haya vivido en el 23 de Enero ha dejado de hacerlo. Y cuando apenas tenía 18 años, la tuerca que venía agazapada en una ráfaga de balas de salva de la Policía lo hirió en una mano.
El 4 de febrero de 1992, con truenos de cañón, comenzó a despertar su conciencia política. En el intento de golpe, los militares se atrincheraron en el Museo Histórico Militar, que queda justo detrás del barrio. Después emergió el líder Hugo Chávez, quien reconoció el fracaso de su “movimiento militar bolivariano” y dijo su famosa frase: “Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la capital”. De ahí en adelante, el teniente coronel de boina roja fue referencia para todos en el 23 de Enero. Organizaron comités de solidaridad con los militares presos, hicieron afiches con el “por ahora” y se alistaron para una nueva era.
Por eso Longa lloró de emoción cuando Chávez ganó. Y vaya que le cambió su vida. Entró a la Universidad Bolivariana, sin examen de admisión ni matrícula, y ya lleva dos años y medio estudiando Sociología en las noches, en las aulas de las escuelas del barrio. “¿Quién iba a pensar que un muchacho de barrio podría llegar a salir en un diario nacional hablando de política?”, dice orgulloso del reportaje de dos páginas que hace un tiempo le hizo el diario más leído del país, Últimas Noticias.
También la vida del 23 de Enero se volvió otra. Longa enumera los logros. El Estado les ha subsidiado el montaje de una panadería y una fábrica de bloques y han mejorado calles y andenes. Les dio tierra para hacer cultivos, les puso un módulo de Barrio Adentro, el programa de atención en salud con médicos cubanos, y ya nadie hace cola para conseguir agua. También les ayudó a montar Radio Arsenal.
El resto les toca a ellos. “Tenemos medios de producción, nos sentimos gobierno, somos corresponsables”, dice. Y da como ejemplo que en las pasadas inundaciones, cuando ya se disponía a descansar después de ayudar a los damnificados todo el día, vio al comandante Chávez en la televisión, con medio cuerpo entre el agua, y se dijo a sí mismo: “El comandante me da ejemplo, yo tengo que volver a la calle a trabajar”. ¿Estaría dispuesto a defender la revolución con las armas? Se queda pensando: “No sé si la defendería con armas, pero sí con la vida”.
La dependencia del petróleo y la corrupción son para Longa vicios de los gobiernos anteriores que tomará tiempo desterrar. Pero la revolución les ha dado a los jóvenes una alternativa a las drogas y a la delincuencia, asegura, porque envía a los drogadictos a rehabilitarse a Cuba y les da una razón para trabajar por su comunidad.
Y si Chávez perdiera las elecciones de 2012, ¿qué pasaría con todo esto? Longa ni siquiera quiere imaginarlo. “Necesitamos que nos cuide hasta que la revolución esté madura en 2021”, se defiende. ¿Pero y si se da qué haría? “En el supuesto negado –repite tres veces–, quien llegase tendría problemas si no continúa con este proyecto”.
El defensor de los derechos
Antonio González Pleissman cree que con el gobierno podrá reformar la Policía.
Después de recorrer los anchos corredores de la Universidad Experimental de la
Seguridad, donde alguna vez quedó el temible Retén Catia, aún no daba con Antonio González Pleissman, a quien me habían descrito como un chavista moderado que venía de la mejor tradición de defensa de los derechos humanos en Venezuela. Me topé primero con una obra inspirada en el pintor ecuatoriano Guayasamín, dibujada en dos metros de pared azul y coronada por un letrero que decía “Honor a la víctimas de abuso policial”. Era raro ver una academia de Policía que reconocía sus vergüenzas en público.
Di con González, un hombre menudo y dulce, que hablaba pausado y se veía satisfecho. Me contó su historia con timidez, convencido de que no tenía nada de particular. Nació en un hogar de clase media alta. Sensible a la enorme pobreza que se expandía mientras los chorros de dinero del petróleo entraban al país, estudió Sociología en la universidad pública y simpatizaba con la izquierda.
La masacre de El Amparo, el 29 de octubre de 1988, en la que fueron asesinados 16 campesinos inocentes, lo sacó a la calle a gritar. Hubo 270 marchas en los tres meses que siguieron. La reacción oficial fue violenta: represión, golpizas, tuercas en la munición de salva que disparaban a los manifestantes, que mataban sin dejar rastro. “Fui al entierro de por lo menos diez compañeros de la universidad asesinados de esa forma”, dice González. Él mismo fue maltratado y encarcelado por unas horas en enero de 1989.
Esos sucesos lo empujaron a vincularse con Provea, organización pionera en la defensa de los derechos humanos; escribió un libro sobre la impunidad de la masacre y coordinó hasta 2006 el informe anual de Provea del estado de los derechos humanos en su país.
Como pertenecía a la izquierda, supo desde meses antes que unos militares urdían el derrocamiento del presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. En su grupo lo discutieron mucho y resolvieron “apoyar la revuelta popular en caso de que el golpe fuera exitoso”.
No lo fue, pero su líder, Hugo Chávez, se ganó la simpatía de la gran clase media urbana que estaba hastiada con la corrupción partidista. Fue insólito ver al joven teniente coronel hacerse cargo de la fallida intentona, aún a sabiendas de que terminaría preso. “Nunca habíamos visto a un político asumir sus culpas –exclamó González–, algo realmente nuevo se abría”.
Lo siguió desde entonces con simpatía, votó por él y celebró su triunfo en 1998. No obstante, a raíz de las protestas por las inundaciones de 1999 en el estado Vargas, que dejaron miles de damnificados, la fuerza pública salió, como era usual, a reprimir, y dejó heridos y muertos. Provea denunció los sucesos y se distanció del gobierno, que finalmente destituyó al jefe de la Policía Política.
Aunque su organización fue la primera en salir a defender el orden democrático, cuando Chávez trastabilló en 2002, González se fue sintiendo incómodo de trabajar allí. Provea insistía en reclamarle al gobierno sus constantes abusos a los opositores. “No comparto que se violen los derechos, pero siento que en este gobierno se respetan más los derechos de los sectores populares, y mi militancia es con ellos”, dice.
¿No se contradice?, pregunté. Los regímenes liberales deben defender los derechos humanos de todos por encima de cualquier causa iluminada. González responde con paciencia, como cansado de ensayar la misma explicación. “En Venezuela hay una confrontación de fondo entre sectores populares que quieren asumir el protagonismo y clases dirigentes que no quieren perder privilegios. Yo estoy con los primeros”.
En 2006 vio la oportunidad de cambiar las cosas desde el poder. En su calidad de defensor de derechos humanos, participó con el gobierno y otras organizaciones en la Comisión Nacional de Reforma Policial. “Era erradicar todas esas prácticas que llevaron a la muerte a mis compañeros; era la respuesta a veinte años de lucha por los derechos humanos”. De las recomendaciones de la Comisión salió la Ley del Sistema Nacional Policial y una nueva Policía, la Nacional Bolivariana. Para que los policías se formaran en civilidad se creó la Universidad Experimental de la Seguridad (Unes), bajo el liderazgo de otra respetada defensora de derechos humanos, Soraya Lesca.
Allí está González hoy, convencido de que con la Unes conseguirán que la represión y la arbitrariedad policiales se queden en el pasado. Por lo pronto, su proyecto piloto de formar policías bolivarianos en conjunto con la comunidad vecina está dando resultados: un 90 por ciento de la gente la acepta gustosa, y el crimen va bajando. “Esta reforma solo es posible porque los sectores populares tienen más poder”.
Fuente: Semana.com
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