Los indígenas ecuatorianos volvieron a desafiar a la justicia al matar a dos hombres en la hoguera y torturar a otro, en prácticas que según ellos están avaladas en la Constitución, pero que las autoridades rechazan al no existir en el país la pena de muerte.
Pedro Velasco y Víctor Naranjo, de 26 y 27 años respectivamente, fueron incinerados en el poblado de Loreto el domingo pasado, el mismo día en que una comunidad aborigen martirizaba a un nativo al que inicialmente condenó a muerte en la andina Zumbahua (sur), aplicando la llamada “justicia indígena”.
Los dos hombres, colonos de la zona, fueron rociados con gasolina y quemados tras protagonizar una pelea durante un festejo, dijo a la AFP Pío Palacios, fiscal de la provincia amazónica de Orellana, en donde está Loreto.
Sin embargo, testigos señalaron que la gresca se debió a un conflicto de tierras.
“Uno de los líderes de la comunidad, Mario Alvarado, manifestó que había que quemarlos vivos”, indicó el fiscal.
“Procedieron a someterlos, amarrarlos de las manos, se presume que también de los pies, los golpearon, y después Alvarado trajo gasolina, les echó en el cuerpo y los incineró hasta que se quemaron totalmente”, relató Palacios, indicando que los verdugos también pusieron ají en los ojos de las víctimas.
Alvarado y otras siete personas fueron detenidas por la Policía y fueron acusados de asesinato, pero el principal responsable del ataque alega que se trató de la aplicación la “justicia indígena” consagrada en la Constitución.
“Este argumento queda totalmente descartado. La Constitución reconoce la autoridad de los pueblos indígenas para solucionar conflictos internos sin violar la ley ni los derechos humanos. Además, en Ecuador no existe la pena de muerte”, dijo el fiscal.
La muerte de Velasco y Naranjo coincidió con el castigo a Orlando Quishpe, quien se salvó de morir en la horca acusado de un homicidio, pero fue latigueado en público, obligado a cargar un pesado saco de tierra y azotado con ortiga y bañado en agua fría en mitad del páramo, atado a maderos,
Este viernes el gobierno anunció que cinco indígenas presuntamente implicados en ese asesinato se entregaron a las autoridades tras permanecer retenidos siete días por la comunidad.
El caso de Quishpe, condenado además a cinco años de trabajos comunitarios, desató un conflicto con la justicia ordinaria y el gobierno que propusieron reglamentar la “justicia indígena”, mientras la Fiscalía anunció que procesará a los autores del castigo.
“La gente que cometió el secuestro de Quishpe, por culpable que sea, las torturas que se realizaron, tendrá que responder ante la ley”, advirtió el presidente Rafael Correa, subrayando que en delitos graves no caben las prácticas ancestrales.
Este caso también generó una división en el movimiento indígena.
“Estamos viendo a la justicia indígena desde la justicia ordinaria y eso hace que todo lo que hagan” las etnias “vaya en contra de los derechos humanos, y la Constitución”, justificó la congresista aborigen Lourdes Tibán, del partido Pachakutik.
Su colega indígena, Marco Murillo, repudió en cambio la crueldad de los castigos. “Nadie puede ser víctima de tratos denigrantes. Rechazamos esos actos de ajusticiamiento”, afirmó.
Vía AFP
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario