La sentencia firme los condena a treinta años. Y al mismo tiempo los inhabilita políticamente. Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y ocho funcionarios de la Policía Metropolitana son los únicos que la justicia venezolana ha hallado responsables de los hechos del 11 de abril de 2002, cuando murieron 19 personas en medio de tiroteos que brotaban desde azoteas de edificios cercanos al palacio de Miraflores, de funcionarios armados en las calles amparados en una confusión atroz, de guardias nacionales enardecidos que a punta de balas intentaban contener los estertores de una marcha que agonizaba en el centro de Caracas y ponía un punto de inflexión a la historia contemporánea del país.
El fallo que en siete días despachó folios y folios de exposición que suman más de diez mil páginas, no habla de alguna tremenda capacidad de síntesis del magistrado, sino de su más absoluta sumisión a los mandatos del Gobierno.
El caso me trae el recuerdo de mi época de estudiante y de un profesor universitario que había logrado edificar su fama y su nombre a costa de un muy buen ganado reconocimiento como director de teatro. Su “eminencia”, sustentador de una casta exquisita pero ínfima de aduladores, con el pasar de los años y recostado únicamente en su incontestable cultura y la sombra desdibujada de aquella época, había devenido en una caricatura de docente y un repetidor aburrido de lecturas de oficio.
Cada semana el insigne profesor ordenaba elaborar unos trabajos en grupo, muy laboriosos y largos, que ameritaban disponer de muchas horas nocturnas para su puntual entrega. Sobre su mesa, todos los miércoles se apiñaban los tomos de las tareas grupales, cada una en promedio de 350 páginas. Y como por arte de magia a la semana siguiente ¡todos estaban corregidos! Los cinco de la sección de la tarde, más los cinco de la sección de la mañana. ¡Se había “leído” en promedio 3.000 páginas de una sentada!
Un compañero de mi curso, precavido de la tan extraordinaria como dudosa “hazaña lectora”, comenzó muy osado a introducir entre páginas algunas recetas de cocina y luego hasta algunas hojas que decían: “Estimado profesor. Me han dicho que Ud. no se lee los trabajos. Si eso es así, por favor, arranque esta hoja. Saludos cordiales”. A la semana siguiente, el profesor hacía entrega de los tomos corregidos y calificados: mi amigo sacó 18 puntos. Sus recetas y sus hojas permanecían intactas en su trabajo.
La cosa fue a mayores y se multiplicó en los demás trabajos. Y las calificaciones seguían estampándose en las tapas de los trabajos como si de tesis doctorales se tratara: 17, 18, 19, hasta 20. La queja llegó a todos los niveles de la universidad, y luego de tramitarse ante consejos universitarios y cumplir todas las formalidades académicas en las que se presentaron las vergonzosas pruebas de “piratería” innominada, la Facultad decidió retirar al “digno docente” de manera elegante y discreta.
Pero eso ocurría en una institución donde funcionaban las reglas y el sentido común, donde los reclamos eran procesados o al menos era posible esperar un resultado que ajustado a lo regular.
En este caso, el de la sentencia de los comisarios, lo único previsible era que las 10.000 páginas apenas hubiesen sido chequeadas con un acto de mero trámite. La orden ya estaba dada, la sentencia ya estaba escrita de antemano. Alguien o algunos deben mostrarse como la prueba fehaciente de que la “justicia revolucionaria” existe y cobra.
Si total, como alguna infausta vez masculló la propia presidenta del Poder Judicial, Luisa Estella Morales, la división clásica de poderes (léase Rousseau, léase independencia de poderes, léase equilibrio, léase check and balance, léase democracia) es asunto de estirpe liberal y de pensamiento contrarrevolucionario, una sentencia adecuada a los intereses del Ejecutivo no debería sorprender en este país a nadie.
Si mi compañero hubiese sido abogado y representante legal de los comisarios, de pronto y en medio de una genial travesura, hubiese intercalado entre los miles de folios de la defensa: ¡Chávez estás ponchao!
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/3359831.asp
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